La redacción definitiva de la norma recibió la aprobación de la mayoría de los senadores conservadores y centristas, mientras que fue rechazada por la oposición de izquierdas y ecologistas. Esta legislación contra la piratería on line sólo debe cumplir un trámite más para su aprobación final: la ratificación del texto definitivo por parte de los diputados.
Este proyecto de ley contra las descargas ilegales ha tenido que atravesar un periplo parlamentario y judicial. De este modo, el Consejo Constitucional obligó a revisar una primera ley adoptada por la mayoría conservadora en ambas cámaras. El órgano consideró que el texto inicial no estaba conforme a la Constitución, en particular cuando señalaba que la decisión de cortar el acceso a Internet podía ser dictada por una instancia administrativa y no por un juez.
El texto aprobado esta semana por los senadores, que corresponde a una segunda redacción, reserva a los jueces la potestad para dictaminar el corte en el acceso a la Red para quienes se descarguen archivos de forma ilegal. Estos usuarios podrán verse privados de acceso a Internet durante casi dos años, periodo en el cual continuarán con los pagos de su abono. Los socialistas, que ya llevaron el primer texto ante el Consejo Constitucional, anunciaron que volverían a reclamar la inconstitucionalidad del nuevo texto.
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